Con otro Decreto, el presidente de la Nación, Javier Milei, liberalizó los servicios de telecomunicaciones como internet y telefonía. Ahora, las empresas podrán fijar precios sin restricción alguna. Temen que se disparen las tarifas como sucedió en el ámbito de la medicina prepaga.
La norma firmada por todo el gabinete libertario que entra en vigencia hoy mismo modifica la ley conocida como Argentina Digital y deroga el Decreto 690 firmado por Alberto Fernández en 2020. Ahora, las empresas del sector podrán determinar los precios de sus servicios sin limitación alguna.
En este contexto, el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Osvaldo Riopedre, mostró su preocupación. En diálogo con FM Cielo 103.5, explicó que «tiene que empezar a funcionar el Estado porque una cosa es libertad de precios y otra cosa es liberalidad de precios».
Riopedre aclaró que todavía no se sabe «cuál va a ser el comportamiento de las empresas» frente a esta desregulación. También recordó que «antes no era que los precios se habían quedado quietos, por el contrario, se movieron y bastante». En este sentido, abogó por un «equilibrio entre el usuario y las empresas».
Los detalles de la medida
La desregulación de Milei llegó luego de la desarticulación del ENACOM, el ente que debía aplicar la Ley Argentina Digital y el Decreto 690. También coincide con la llegada al país de Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk quien tiene previsto recibir al presidente argentino el próximo sábado.
En la nueva norma, el presidente libertario consideró que «se hace imperioso restaurar la plena vigencia de un marco jurídico donde se garanticen las reglas necesarias para que la población puedan acceder a un servicio con estándares de calidad e igualdad de trato y sin intromisiones distorsivas por parte del Estado».
Es que las normas que ahora derogó declaraban como «servicios públicos esenciales y estratégicos» a la internet y la telefonía para regular los precios. Llamativamente, esto nunca entró en vigencia porque las empresas lograron un amparo judicial que les permitió definir sus tarifas arbitrariamente. De hecho, según el INDEC, entre febrero de 2024 y de 2023, incrementaron sus valores en un 287,8 por ciento promedio.
A pesar de esto, para Milei «resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios». Ya sin la Justicia en el medio, las empresas de telecomunicaciones podrán fijar las tarifas como quieran. Solo deberán «ser justos y razonables» y «cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
