Intendente cercano a Milei quiere quedarse con un predio de políticos opositores

Una polémica decisión del intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, generó revuelo en la pequeña localidad de la séptima sección. Es que el jefe comunal con origen en el GEN pero que admitió haber tenido ofrecimientos de La Libertad Avanza, consiguió un guiño del HCD para expropiar un inmueble que está en manos de dirigentes opositores.

Bajo el argumento de querer construir 140 viviendas sociales, el Ejecutivo buscará avanzar en la compra de un predio de de 4 hectáreas, que hace unos 20 años iba a ser expropiado por la Provincia de Buenos Aires pero que quedó en la nada por razones presupuestarias. El terreno, ubicado entre las calles 34 y 36 de 102 a 104, había sido adquirido por el exsecretario de gobierno municipal Nicolás Lorenzo y su esposa, la actual concejal de Unión por la Patria, María José Zarza.

De acuerdo a la comuna, “el inmueble en cuestión se encontró en algún momento, sujeto a expropiación y estaba dispuesto con fines sociales, sin embargo Lorenzo procedió a adquirirlo” indicaron. En esa dirección, desde el Ejecutivo de 25 de Mayo remarcaron que se busca «contribuir en todas las herramientas necesarias para que los habitantes de nuestro distrito puedan acceder a una vivienda digna».

Según precisa el sitio local La Mañana, el lugar cuenta «con servicio de agua corriente por 36 y de 34 y 102, de cloacas por calle 34, pavimento por 36, cordón cuneta, alumbrado público y energía eléctrica».

“Autoritario y tirano”: las críticas de la oposición al intendente de 25 de Mayo

La decisión de Ramiro Egüen fue considerada desde la oposición como «un capricho» para atacar a dirigentes de Unión por la Patria. Una fuente cercana a la oposición, tildó a la medida como propia de un «mileista-chavista» para marcar la contradicción entre el posicionamiento ideológico y las acciones del mandatario local.

Para la presidenta del bloque opositor, Yamila Galdós Carrizo, la decisión del jefe comunal es de “autoritario y tirano” y advirtió que “a diferencia de 2004, hoy se va contra las personas, no contra la propiedad. Es persecución política”, afirmó en declaraciones a diario La Mañana.

Según la oposición, el «capricho» de Egüen redundará en un costo mayor dado que el predio se encuentra en una zona residencial frente a opciones más accesibles en otros sectores de la localidad.

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