Este comité, creado por la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien está a cargo del caso, es liderado por Homero Máximo Bibiloni, experto en Derecho Administrativo y Ambiental y coordinador de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ. También participarán especialistas en Políticas Ambientales y Territoriales, entre otros.
La jueza Díaz Bancalari estará presente en la inspección y ha convocado a representantes del Ministerio de Ambiente de la Provincia, la Autoridad del Agua, y funcionarios de la Municipalidad de San Nicolás, incluyendo a Matías Grams, secretario de Gobierno, Oscar Osvaldo Rodríguez, subsecretario de Control, y la ingeniera ambiental Camila Fernández.
Después de inspeccionar la planta de Atanor, la «Mesa de Gestión Ambiental» junto con la jueza determinarán los próximos pasos en este conflicto ambiental que lleva décadas sin una resolución definitiva. La planta de Atanor ha permanecido cerrada desde la explosión ocurrida el 20 de marzo pasado, y debido a una orden previa de la jueza Díaz Bancalari, quien había detectado el funcionamiento ilegal de la empresa.
La jueza había impuesto una serie de medidas que Atanor no cumplió, lo que resultó en la explosión que afectó a las comunidades cercanas y al Río Paraná. Actualmente, la planta sigue inoperativa, ya que no cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental ni el Permiso de Vuelco de Efluentes Líquidos Industriales, ambos requisitos necesarios para su funcionamiento legal.
Según el portal Primera Plana, además, la planta de Atanor ha estado involucrada en varios episodios de contaminación ambiental y accidentes laborales con graves repercusiones.
Programa de retiros voluntarios
Por otra parte, Atanor ha comenzado un programa de retiros voluntarios dirigido a los 150 trabajadores que han estado suspendidos desde el 14 de mayo. Estas suspensiones concluirán este domingo, generando un ambiente de incertidumbre y preocupación entre las familias afectadas.
La producción en Atanor está paralizada desde el 20 de marzo, cuando la jueza Díaz Bancalari impuso una medida cautelar tras una denuncia presentada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. Esta organización expresó su preocupación por el impacto ambiental y la seguridad en los procesos industriales de la planta.
El plan de suspensiones, vigente hasta el 11 de agosto, se implementó con la esperanza de que durante estos tres meses la jueza autorizara la reanudación de las operaciones, al menos en los sectores no implicados en las denuncias ambientales. (InfoGEI)Ac
