Por
Redacción El intransigente
La Coalición Cívica pidió a Guillermo Francos que aclare el destino de más de $134 mil millones no ejecutados para Bahía Blanca tras las inundaciones.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las acusaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y aseguró que se trata de una “operación política” con el objetivo de dañar al Gobierno en plena campaña.
En declaraciones a radio Rivadavia, Francos defendió la decisión del oficialismo de no apartar de su cargo a Eduardo “Lule” Menem, pese a que su nombre aparece mencionado en grabaciones difundidas por el ex funcionario Diego Spagnuolo.
“Es un intento de influir en las elecciones”
Para el jefe de ministros, la difusión de los audios un día antes de que se discutiera en Diputados la ley de emergencia en Discapacidad demuestra la intencionalidad política detrás de la denuncia.
“Es un intento por influir en el electorado. La Justicia está investigando y cualquier agregado que quieran hacer quienes generaron este intento de operación, deberán presentarlo en tribunales”, subrayó.
Francos también relativizó el impacto que el escándalo podría tener en las urnas. “No ha tenido un efecto en la opinión pública en el sentido de las elecciones. Al 26 de octubre seguimos viéndonos muy bien”, aseguró.
Diferencias entre Spagnuolo y Menem
El funcionario nacional explicó por qué se apartó a Spagnuolo y no a Lule Menem:
“Tomar una decisión con Lule Menem es señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del Gobierno. A Spagnuolo sí porque se hicieron públicos los audios y él no dio ninguna explicación. Si eran reales, debió ir a la Justicia; y si eran falsos, debió desmentirlos”.
Según Francos, fue el propio presidente Javier Milei quien resolvió la salida de Spagnuolo tras escuchar los audios: “El Presidente esperó 24 horas, yo le di mi impresión de que debía ser cesado y él coincidió”.
Un frente judicial y político abierto
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el Gobierno insiste en que las acusaciones responden a una estrategia electoral para desgastar al oficialismo en la recta final hacia octubre.
