«A 40 años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI; no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!», indica el texto difundido a la prensa.
En ese sentido, señala que «los transfeminismos populares dejamos en claro que esta justicia no es nuestra, y si no es para todes, no es justicia. Por eso exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria!».
«Queremos una justicia democrática y con participación popular, y en la que se garantice escucha a las víctimas, se construyan respuestas que responsabilicen a quienes cometen daños y repare a las víctimas», añade.
En ese sentido, se pide incorporar «la perspectiva feminista, decolonial y antirracista», así como «paridad e incorporación del colectivo LGTBIQIA+, acceso eficaz y lenguaje claro» en la justicia.
La proclama pide también el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y la destitución de sus integrantes «para una nueva composición federal y con diversidad de género».
«Basta de una Corte que resuelve en pasillos y con negociados: queremos una Corte que tenga plazos para resolver, que no duerma sobre las causas y que resuelva de cara al pueblo, en audiencias en las que se garantice y amplíe la participación popular en temas cruciales», señala el documento.
Además retoma la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, que fue absuelto por ese delito en un tribunal brasileño, aunque la causa entra en una etapa de apelación.
«Decimos YO TE CREO HERMANA. Frente a los que nos quieren sumisas y calladas, estamos hermanadas y en colectivo, no van a tener nunca más nuestro miedo ni nuestro silencio. Te seguimos creyendo Thelma. Nunca NO es un Sí. ¡Justicia para Thelma!», sostiene.
Otro eje es el pedido de inmediata liberación de las mujeres mapuches presas hace casi ocho meses en Río Negro: Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas, sobre lo cual apunta que «no hay democracia con presas políticas».
Las organizaciones feministas también exigen el indulto a la dirigente social jujeña Milagro Sala, que -indican- «lleva 7 años presa, perseguida y proscrita por el gobierno de Jujuy».
El documento denuncia la violencia judicial, mediática y política contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y advierte: «como lo hicimos en las calles frente al intento de su magnifemicidio, repudiamos todas esas violencias que han llevado también a su proscripción y exigimos efectiva investigación de los responsables intelectuales y materiales».
«Repudiamos el cierre de la investigación del intento de asesinato como un nuevo acto de consagración de la impunidad. El Poder Judicial, con celeridad ha puesto traba tras traba para impedir que se conozca la verdad», agrega.
El texto reclama: «BASTA DE FEMICIDIOS, LESBICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSHOMICIDIOS. Pedimos justicia por María Isabel Speratti, por Micaela Rascovsky, por Florencia Galarza. Pedimos justicia por Milagros Santos y Araceli Moreno, trabajadoras comunitarias. Pedimos justicia por Ferni Ayala. Justicia por la periodista Griselda Blanco. Justicia por Sofi Fernández y Lorena Franco. Basta de travestis y trans que «aparecen muertas» en una comisaría. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel de la Torre y exigimos que el Estado lo busque! Basta de abuso sexual contra las niñeces! Justicia para Luna».
También piden que se garantice el acceso a patrocinios jurídicos gratuitos, la efectiva implementación de Educación Sexual Integral para proteger a las infancias y adolescencias de los abusos sexuales y agresiones de género.
«Necesitamos que sea un espacio transversal de escucha y formación permanente. Las Iglesias no pueden intervenir en la ESI ni en la educación pública. No a las leyes provinciales de ESI antiderechos que son restrictivas. Que los contenidos incluyan a la Ley de Identidad de Género y el aborto. Por una ESI no binaria», advierte el texto.
Los reclamos denuncian «la ausencia de políticas que democraticen el cuidado y la desidia judicial frente a los reclamos de responsabilidad alimentaria y cuidado compartido de hijes que castiga la maternidad, es complaciente con los incumplidores y perpetúa la desigualdad».
Y exigen la persecución de la trata con fines de explotación sexual y laboral, la reparación para las sobrevivientes, la declaración nacional de la emergencia en violencia de género, y la derogación de los códigos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual.
El documento está firmado por cientos de organizaciones feministas, gremiales, sociales y de derechos humanos.
