Un empresario avícola de Arrecifes, ha sido imputado por captar, trasladar y acoger a cinco personas provenientes de Misiones mediante una oferta laboral engañosa, con el fin de explotarlas en un campo en Arrecifes. Se le ha dictado prisión preventiva. El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, formalizó la investigación solicitada por el fiscal Matías Di Lello, en la cual se acusa al empresario de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que conlleva una pena de 8 a 12 años de prisión.
La Plata, 12 Ago (Por InfoGEI).-Durante la audiencia, a petición de la fiscalía, el juez impuso 60 días de prisión preventiva al empresario, quien se desempeñaba como el verdadero dueño y administrador de la empresa implicada, acusándolo de haber captado a cinco personas de Misiones mediante una oferta laboral engañosa, trasladándolas y acogiendo en un predio rural de Arrecifes, donde fueron explotadas laboralmente bajo amenazas y aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Según reporta Primera Plana, la acusación al empresario es por la explotación que se produjo entre el 5 y 6 de junio y se prolongó hasta el 2 de agosto, cuando se llevó a cabo un allanamiento y la posterior detención del imputado.
La denuncia fue presentada el 2 de agosto por la AFIP, tras un procedimiento de fiscalización. Ese mismo día, la fiscalía solicitó el allanamiento del establecimiento, donde se detuvo al empresario.
Durante la audiencia, los fiscales Gustavo Parigini y María Marta Poggio explicaron que las víctimas conocieron la oferta laboral a través de familiares o conocidos, y que se les ofreció el pago de los pasajes desde Misiones. Sin embargo, no se les informó sobre el salario, las horas de trabajo ni las condiciones laborales.
Explotación laboral
Los fiscales destacaron que las víctimas fueron alojadas en viviendas de la empresa y obligadas a trabajar de lunes a lunes, entre 10 y 16 horas diarias, sin días libres. Además, algunos debían trabajar durante la noche sin recibir pago por horas extras. Ninguna de las víctimas estaba registrada en el sistema de seguridad social, y el salario que recibían oscilaba entre 450 y 470 mil pesos mensuales, aunque dos de ellos ni siquiera cobraron su sueldo.
Debido a las largas jornadas, los trabajadores no podían salir del lugar, y solo las mujeres estaban autorizadas a realizar compras y llevar a los hijos a la escuela. Para alimentarse, los damnificados dependían de la ayuda de las mujeres o de pedidos a remises.
Condiciones insalubres
El informe del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires reveló que dos trabajadores vivían en una casilla dentro de un galpón en condiciones insalubres, mientras que otras cuatro viviendas carecían de calefacción y presentaban graves deficiencias. Además, las víctimas no disponían de los elementos de higiene y seguridad necesarios para su trabajo.
Finalmente, se señaló que los trabajadores sufrieron humillaciones, discriminaciones, maltratos y amenazas por parte del empresario, quien en una ocasión recibió a dos de las víctimas en la terminal de omnibus, armado con una escopeta y solía disparar al aire para intimidarlos. (InfoGEI)Ac
