Por Redacción El intransigente
Javier Milei avanza con una polémica propuesta que busca legalizar el uso de dólares no declarados en la economía, bajo un ambicioso proyecto bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”. La iniciativa, que será debatida desde la semana próxima en un plenario de tres comisiones en la Cámara de Diputados, promete cambiar el paradigma del sistema tributario argentino.
Según fuentes legislativas, la propuesta no llegará al recinto antes de fines de junio o principios de julio, ya que el oficialismo debe garantizar mayorías en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal. Allí se juega la primera batalla política para lo que muchos ya califican como el “blanqueo más amplio y permisivo” desde la vuelta de la democracia.
El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y respaldado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el economista libertario José Luis Espert, apunta a generar condiciones más “amigables” para quienes poseen patrimonios no declarados. Pero para que prospere, será clave conseguir apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios dialoguistas.
Qué propone la ley del «blindaje fiscal»
El texto plantea una reforma profunda del Régimen Penal Tributario, elevando los montos mínimos a partir de los cuales se puede perseguir penalmente la evasión fiscal. El nuevo piso para que la evasión sea considerada delito simple sube de $1.500.000 a $100 millones, mientras que el umbral para que sea calificada como evasión agravada se dispara a $1.000 millones, reemplazando el actual límite de $15 millones.
Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años, lo que recorta el margen de acción del fisco para auditar conductas pasadas.
Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que promete a quienes adhieran quedar “blindados para siempre”. Esto implica que los contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones ya no estarán obligados a justificar variaciones patrimoniales ni a explicar sus consumos, siempre que facturen y tributen sobre sus ingresos declarados.
En palabras simples: se pagará impuesto solo sobre lo que se factura, sin importar cuánto se gaste o se incremente el patrimonio. Según el Gobierno, este esquema busca “fomentar la formalización y la libertad económica sin persecución”.
