Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, y su secretario de Obras Públicas, Darío Gritti.
El fiscal Matías Felipe Di Lello del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas, Darío Gritti, y el presidente del Ente del Agua local (un organismo descentralizado de la administración pública municipal), Federico Nicolás Agudo sean indagados por la Justicia. Es en el marco de una causa en la que se los considera coautores de los delitos de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar el río Paraná con vertidos cloacales y por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Contexto
Manuel Passaglia tiene acumuladas varias denuncias por daño ambiental. Buenos Aires/12 publicó este verano las protestas de vecinos y ambientalistas por la destrucción de la reserva Aguiar y su conversión, vía ordenanza municipal, en «ecoparque», una figura jurídicamente inexistente, además de las clausuras judiciales que el municipio violó durante meses para proseguir las obras.
En esa mismo nota, el abogado ambientalista Fabián Maggi afirmaba que las aguas que los nicoleños utilizan con fines recreativos, a partir de esas obras, fueron contaminadas por efluentes cloacales: el municipio, en vez de hacer el mantenimiento de la planta de tratamiento, realizó un «by pass» para volcar esas aguas negras directamente al río y a los arroyos que desembocan en él. Los informes de Prefectura, que daban cuenta del alto nivel de eschericcia coli y otras bacterias, integran el expediente por el que ahora son citados el intendente y sus funcionarios.
También está pendiente de resolución judicial la causa por contaminación de la empresa química Atanor. Ubicada dentro del caso urbano, irregularmente habilitada en el medio de un barrio, su manejo deficiente de los residuos ha generado numerosos casos de enfermedades por contaminación.
A pesar de su apoyo explícito a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, Manuel Passaglia no será candidato en estas elecciones. Quien aspira a sucederlo es su hermano, Santiago. ¿El motivo? Fuentes de la política nicoleña sostienen que abrió demasiados frentes.
La causa
En la causa se les imputa «haber contaminado el curso del Río Paraná, el Arroyo Ramallo y el Yaguarón, mediante el vuelco de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamientos inadecuados en diferentes puntos de la ciudad desde fecha incierta y hasta la actualidad», ya que «existen elementos de prueba suficientes para sospechar que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal».
Los delitos de los que son acusados son los de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos: tanto el intendente como el Director de Obras Públicas habrían incumplido la Ley Provincial 5.965, que regula la protección de los cuerpos de agua y la Ley Orgánica de las Municipalidades, que pone en responsabilidad del Poder Ejecutivo municipal los deberes de protección ambiental.
«La Ley Orgánica de Municipalidades fue fundamental en la imputación realizada, ya que establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales y además dice que esa responsabilidad alcanza no sólo la faceta civil, sino también su aspecto penal», explicó a Télam el abogado de la asociación civil «Foro Medio Ambiental», Fabián Maggi, quien denunció en 2020 el vuelco de efluentes cloacales sin el adecuado tratamiento en el frente costero nicoleño. En esa línea, Maggi señaló que los delitos se constataron en análisis de laboratorio realizados por la Universidad del Litoral (UNL), entre el segundo semestre de 2017 y noviembre de 2022, e indican que durante ese período, los cursos de agua fueron contaminados con «residuos categorizados como peligrosos».
«Ese informe desató más medidas probatorias, entre ellas una a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y otra hecha por la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) que determinaron que los parámetros de coliformes fecales estaban miles de veces excedidos de la normativa vigente», apuntó Maggi. Además, durante las pericias se pudo dar cuenta de que todas las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de esa ciudad tenían hechos «bypasses» ilegales, en referencia a caños que desviaban los líquidos para eludir el tratamiento y volcarlos sin el tratamiento correspondiente. A la vez que constataron que las plantas se observaban en un muy mal estado de conservación y mantenimiento y que además no tenían los permisos ambientales para operar.
«Es preocupante y reprochable lo que sucedió porque acá, la provincia en la época de la gobernación de (Daniel) Scioli, hizo una inversión muy grande y construyó las plantas de tratamiento cloacal, pero el municipio nunca las mantuvo», resaltó el abogado. Es por eso que, además del pedido de indagatoria para los funcionarios, el representante del Ministerio Publico Fiscal pidió se dé lugar a una medida cautelar para la protección del ambiente para que se eliminen las «conexiones ilegales» y que se ponga en condiciones la planta con los permisos ambientales exigidos por la legislación.
