El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un escrito para solicitar que se interponga una revocatoria, con el objetivo de que quede sin efecto la cautelar que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional realizó una presentación ante la Corte Suprema para solicitar la suspensión de los efectos del fallo que ordenó un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevándola al 2,95 %.
Las presentaciones llevan la firma del procurador del Tesoro, Carlos Zannini. El objetivo es interponer una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar el 21 de diciembre.
En el escrito, según publicó Télam, el Ejecutivo también reclama que los miembros del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el alto tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, argumentó el Estado nacional.
Asimismo, consideró que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.
El texto redactado por Zannini pone de relieve que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, puntualizó el procurador del Tesoro.
Por último, subrayó que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”. (ANDigital)
