Pese al pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional de Alberto Fernández no revisará, ni dará marcha atrás, con la moratoria previsional que sancionó el Congreso nacional y permitirá que se jubilen más de 800.000 personas que no cumplen con los años de aportes establecidos para obtener el beneficio.
“Ya promulgamos la ley de moratoria previsional. No hay nada nuevo y no hay ninguna posibilidad de revisar la norma”, afirmaron en las últimas horas fuentes cercanas al ministro de Economía nacional, Sergio Massa.
Vale recordar que, Massa el pasado sábado obtuvo de parte del FMI el visto bueno para avanzar en una flexibilización del programa económico, justificado por la sequía que afectó la acumulación de reservas internacionales, y además consiguió la liberación de un nuevo giro por USD 5400 millones.
En ese sentido, en un comunicado publicado horas después de la aprobación de su directorio, el Fondo Monetario Internacional pidió expresamente morigerar la moratoria previsional, a tono con el pedido de bajar al 1,9% el déficit fiscal.
“El costo fiscal de la nueva moratoria previsional debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”, expresó el organismo internacional de crédito en un comunicado firmado por la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.
Cabe destacar que, la moratoria previsional se convirtió en ley el 28 de febrero pasado, durante la única sesión en la que la Cámara de Diputados nacional se abocó a tratar el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
En detalle, la ley de moratoria previsional aprobada en el Congreso nacional establece un plan de pagos para miles de contribuyentes al sistema que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para obtener la jubilación y la obra social.
Así, la ley de moratoria previsional se aboca, sobre todo, a personas que llegaron a la edad de jubilarse (60 años en las mujeres, 65 en los hombres), pero que por distintas razones no completaron los aportes necesarios para lograr el beneficio por parte del Estado nacional.
Ademas, en su carta, el FMI también pidió “garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”.
En relación a este tema, y según fuentes del Ministerio de Economía, Massa no avanzará con los aumentos proyectados hasta que la mayor parte de los usuarios residenciales, que aún no lo hicieron, completen su declaración sobre ingresos y posibilidades de pago.
En esa línea, el Gobierno informó que aún faltan 3,2 millones de hogares por inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para luz y gas, y que se detendrá la segmentación hasta que se logre que todos se anoten.
También, desde el entorno de Massa se mostraron conformes con el acuerdo alcanzado con el FMI, al justificar que el país enfrentó una serie de situaciones complejas, como la pandemia, la guerra en Ucrania, la peor sequía de la historia y una crisis financiera global.
