El Gobierno nacional oficializó la baja de la jubilación de privilegio y la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner que percibía la exmandataria Cristina Kirchner, luego de la condena en su contra por la causa Vialidad, en la que la Cámara de Casación Penal ratificó su responsabilidad por administración fraudulenta. La medida se confirmó hoy a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial.
La decisión forma parte de una política más amplia que también afectará a otros exfuncionarios condenados por corrupción, como el exvicepresidente Amado Boudou. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la resolución busca eliminar «beneficios que contradicen el honor y el mérito» exigidos para otorgar estas asignaciones.
Ahorro millonario para el Estado
En una conferencia de prensa, Adorni informó que el cese de estas prestaciones representa un ahorro mensual de $21.827.624,65 para las arcas públicas. «Por orden del presidente Javier Milei, a través de la ANSES, se resolvió dar de baja tanto la jubilación personal como la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner», precisó. Además, explicó que estas asignaciones, reguladas por la ley 24.018, no tienen carácter contributivo y se otorgan de manera extraordinaria.
El vocero aclaró que Fernández de Kirchner podrá percibir una jubilación común basada en sus aportes, pero no recibirá los montos adicionales que implicaban los beneficios de privilegio. También anticipó que la exmandataria podría recurrir a la Justicia para intentar revertir esta decisión.
Justificación de la medida
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado argumentando que la baja «no constituye una sanción accesoria» a la condena penal, sino que responde a la indignidad de haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública. «Es una consecuencia necesaria para preservar la moral pública», señalaron.
El presidente Milei, desde Florida, donde participa en un evento conservador, respaldó la medida con un mensaje contundente: «El que las hace, las paga». Sin embargo, resulta llamativo que en mayo pasado había calificado estos beneficios como «un derecho adquirido».
El anuncio desató un cruce político, con Cristina Kirchner denunciando lo que calificó como una actitud autoritaria. «Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro», expresó en redes sociales, avivando la disputa que promete trasladarse al terreno judicial.
