Tras el escándalo por el acopio de alimentos, el Ministerio de Capital Humano confirmó que este martes comenzará el operativo de distribución de los productos de comida ubicados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán, en un operativo que que contará con la colaboración del Ejército Argentino.
Según informaron desde la cartera conducida por Sandra Pettovello, dirigente que fue respaldada por el presidente de la Nación, Javier Milei, la entrega de mercadería “tendrá una duración de dos semanas”. “Para garantizar una logística rápida y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa“, agregaron.
En ese sentido, desde el Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, “faciliten la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables”.
En tanto, la fundación CONIN deberá certificar en las dos semanas que duré la distribución de alimentos los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los productos por parte de los comedores.
Cabe destacar que, la decisión del Ministerio de Capital Humano se conoce luego de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara el diseño y ejecución de un plan para distribuir las 5 mil toneladas alimentos retenida en Buenos Aires y en Tucumán en un plazo de 72 horas.
En un principio, el equipo legal del Ministerio de Capital Humano apeló el fallo de Casanello, y la tensión escaló a tal punto que la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gianni, tildó al magistrado de “juez militante”.
No obstante, la cartera de Capital Humano cambió de estrategia y optó por acelerar el protocolo para el reparto de la comida a partir de este martes. En el medio, el Gobierno echó al subsecretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, envuelto en una trama de mala praxis y supuesta corrupción.
Según indicaron desde el Gobierno nacional, llevaron a cabo una auditoría y decidieron “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas”, no realizaron un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería.
