La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados abrirá este martes el debate de un proyecto de ley de Unión por la Patria que prohíbe las transferencias de acciones de Aerolíneas Argentina sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.
Se trata de una iniciativa del diputado nacional, Máximo Kirchner, que apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace de la aerolínea de bandera sin la intervención del Congreso, ante las advertencias que habían realizado los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei.
De esta manera, en la comisión de Legislación general que presidente el diputado del Frente de Todos-Salta, Lucas Godoy, el oficialismo hará valer su número para emitir el primer despacho de mayoría. En ese cuerpo parlamentario, la bancada oficialista cuenta con 16 de los 31 integrantes.
En los fundamentos del proyecto, Máximo Kirchner planteó como objetivos “proteger lo conseguido y ahuyentar a los ‘fantasmas privatizadores’” y “poner límites a quiénes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales”.
Además, el texto propone reformar la ley 26466/08, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente “la transferencia de las acciones” sin una autorización previa del Congreso.
En este sentido, el articulado detalla que la autorización del Congreso a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas requerirá de la aprobación con el voto favorable “de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”.
Para modificar la ley 26.466, la propuesta promueve incorporar un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26.741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.
En tanto, en el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, “se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros”.
Por otro lado, en el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de “discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas”.
“Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas como una idea nueva”, advierte el texto.
Desde un planteo similar a lo que sostenido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado Kirchner destacó el rol clave que adquiere la empresa “para todos aquellos que trabajan y viven en nuestro extenso territorio nacional”, en particular para los que residen en lugares a los que “por razones antieconómicas no llegan ni llegarán explotadores aéreos privados”.
Vale recordar, que la presentación del proyecto se concretó luego de que, en el marco de la campaña de las PASO, Bullrich manifestara que “las empresas tienen que financiarse” y definiera a Aerolíneas Argentinas como “un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas”.
Por su parte, Milei sostuvo que las empresas “YPF y Aerolíneas Argentinas tienen que ser privatizadas” y añadió que “nada de lo que se haga desde el Estado” puede ser considerado como “eficiente”.
