(Por InfoGEI).- La iniciativa solicita permiso para realizar operaciones de crédito público, principalmente destinadas a financiar parte del plan de infraestructura de la provincia. Esto responde a la interrupción de transferencias nacionales y a la suspensión total, por parte del Gobierno nacional, de obras que le correspondería ejecutar en territorio bonaerense, además de contemplar el pago de vencimientos de deuda para 2025.
El proyecto también propone crear el mencionado fondo, utilizando recursos provenientes de esas operaciones de financiamiento. A la vez, suspende acciones orientadas al cobro de ciertas deudas municipales y declara emergencias en áreas clave como seguridad, infraestructura, vivienda, energía, servicios públicos y sistema penitenciario.
Los municipios que adhieran al fondo deberán destinar sus recursos exclusivamente a inversiones, y no podrán emplearlos para cubrir gastos operativos. La asignación de fondos se hará siguiendo el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mecanismo que se usa para repartir los fondos coparticipables.
En paralelo, quedó en pausa la aprobación del proyecto en Diputados que preveía perdonar $7.900 millones en deudas contraídas por los 135 municipios bonaerenses durante la pandemia. En el caso de General Pueyrredon, la deuda asciende a unos $234 millones.
La postergación está vinculada con el nuevo proyecto enviado por Kicillof, que en lugar de eliminar las deudas, propone suspender su cobro hasta el 31 de diciembre de 2025. Las obligaciones corresponden al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal.
El diputado Gustavo Pulti, de Unión por la Patria, uno de los más activos en la Legislatura que apoya la gestión del gobernador, argumentó que, en la práctica, las deudas “ya fueron licuadas” por efecto de la inflación, reduciéndose en un 96%. Defendió al gobernador destacando su gestión durante la pandemia y la transferencia de $13.000 millones en fondos provinciales a los municipios.
Atajo administrativo
Además, otro artículo del proyecto permite al Tribunal de Cuentas eximir de sanciones a funcionarios municipales que hayan reasignado fondos afectados a otros destinos, siempre que puedan justificarlo por motivos excepcionales. Dichos recursos deberán devolverse a su cuenta original en un plazo de 24 meses desde el cierre del ejercicio fiscal en que fueron utilizados.
Memoria
Por último, el Ejecutivo provincial recordó que en marzo se habían creado dos fondos por decreto: uno de $70.000 millones para municipios con más de 70.000 habitantes, y otro de $1.500 millones para los de menor población, ambos enfocados en seguridad y servicios asociados.(InfoGEI)Jd
