Política y Economía
Adrián Belinche
A tan solo 24 horas de la anunciada movilización para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a Tribunales —donde se le informará su posible lugar de detención—, el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial una modificación al Estatuto de la Policía Federal Argentina que encendió todas las alarmas.
Sin cobertura de los grandes medios y con la complicidad de ese silencio, se autorizó a las fuerzas de seguridad a realizar requisas a personas y vehículos sin necesidad de orden judicial, una medida que muchos juristas y defensores de derechos humanos ya señalan como abiertamente inconstitucional.
Una modificación con nombre y apellido
La maniobra, publicada este martes en el Boletín Oficial, modifica el artículo 13 del Estatuto Policial para facultar a los efectivos a inspeccionar personas, pertenencias y vehículos bajo supuestos genéricos y sumamente amplios.
El punto más controvertido, sin lugar a dudas, es el inciso “c”, que permite llevar adelante estas requisas cuando se trate de “la vía pública o lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
La amplitud de esta redacción convierte en potencial sospechoso a cualquier ciudadano que circule libremente por la calle, y abre la puerta a una persecución selectiva, arbitraria y, sobre todo, disuasiva.
La decisión del gobierno libertario no es ingenua ni aleatoria. En un contexto donde la militancia peronista vuelve a ocupar las calles para mostrar su apoyo a la ex presidenta, esta reforma pareciera tener un único objetivo: amedrentar, intimidar y entorpecer el ejercicio del derecho a la protesta.
En el gobierno bonaerense celebran la reapertura de La Salada
La feria La Salada reabrió ayer después de una clausura emitida por la Justicia. En el gobierno bonaerense lo celebraron por su impacto en el empleo.
Se trata de una jugada de ajedrez política disfrazada de norma de seguridad, que en realidad busca desactivar la movilización popular mediante el miedo.
Más allá del oportunismo político de la resolución, el texto en sí mismo se sostiene sobre argumentos peligrosamente vagos: “circunstancias previas”, “presunción razonable”, “peligro cierto de desaparición de pruebas”, son todos términos que dejan margen para una interpretación absolutamente discrecional por parte de la Policía. En los hechos, se legaliza el cacheo y la requisa preventiva sin causa penal específica.
