El Gobierno nacional de Javier Milei avanzó con el ajuste en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con un masivo recorte de personal que implicó la salida de casi 3.000 empleados, entre jubilaciones y retiros voluntarios, a pesar del alto costo fiscal que implicará para el Estado.
La medida, ejecutada mediante una disposición publicada esta mañana en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Juan Pazo, incluyó indemnizaciones especiales para los ex trabajadores de ARCA que elevaron la erogación estatal a cifras millonarias, en medio de un contexto de tensión sindical y caída en la recaudación.
Es preciso mencionar que, la desvinculación de los empleados de ARCA se dio en el marco de la segunda etapa del plan de jubilaciones y retiros anticipados, que se completó el 31 de marzo de este año. Como parte del esquema de compensaciones, el Estado debió abonar al menos 20 sueldos adelantados a los trabajadores que dejaron el organismo.
Del total de empleados retirados, el 70% pertenecía al Grupo 26, es decir, ocupaban puestos de directivos o altos directivos, lo que generó un desembolso promedio de $100 millones por persona, monto que escaló a $120 millones en los casos de personal altamente especializado. En total, el costo fiscal del plan de desvinculación en ARCA ascendió a aproximadamente $330.000 millones.
Los despidos en ARCA le costarán al Estado nacional alrededor de $300 millones.
El impacto de esta reducción también se reflejó en una migración masiva de empleados calificados hacia el sector privado. Estudios contables y consultoras especializadas, incluidas las denominadas “Big Four”, captaron a ex agentes de ARCA que ahora asesoran a empresas en temas fiscales, una situación que preocupa al Gobierno nacional, ya que disminuye la capacidad de fiscalización estatal.
Además, el recorte de personal en ARCA se complementó con el cierre de un centenar de delegaciones en el interior del país. Sin embargo, la decisión no se basó en criterios recaudatorios, sino en la cantidad de atenciones presenciales registradas desde la asunción de Milei a la fecha.
Esto provocó el reclamo de un centenar de legisladores provinciales, ya que algunas delegaciones clausuradas de ARCA, como la de Chilecito en La Rioja, generaban más recaudación para el Estado que otras ubicadas en las capitales provinciales.
