El juez de Garantías Nº 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki para que los empleados legislativos Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz permanezcan detenidos mientras avanza la instrucción penal, medida que regirá hasta que se lleve adelante la etapa de juicio oral.
Ambos están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, privación ilegítima de la libertad, amenazas y violación de domicilio, en hechos que con una fachada polítca del Senado bonaerense alcanzan una decena de episodios documentados con múltiples víctimas jóvenes.
Entre 2019 y 2025 varias mujeres se presentaron ante la UFI Nº 2 de La Plata relatando un patrón de captación bajo promesas de trabajo, estudios y acceso a espacios políticos.
La hipótesis describe una estructura funcional con rasgos de secta, denominada “La Orden de la Luz”, operada por los imputados dentro de un entorno que combinaba funciones legislativas con espacios paralelos de cooptación y control.
Parte de los abusos denunciados, que incluyen manipulación psicológica y violencia, habrían ocurrido dentro de la propia oficina conocida como “007” de la Cámara alta.
Así las cosas, Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre del año pasado en La Plata luego de varios procedimientos que incluyeron allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos.
La instrucción detalló que las víctimas, en su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad, fueron captadas a través de su supuesta militancia política y luego sometidas a abuso, amenazas e incluso privaciones de libertad.
Ante este panorama, la decisión de dictar prisión preventiva se fundó en la existencia de riesgo procesal, es decir, el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, así como en la necesidad de proteger a las denunciantes hasta que el expediente llegue a juicio oral.
De acuerdo a lo precisado por InfoPlatense, la causa sigue en etapa de instrucción penal, con la fiscalía ampliando la recolección de pruebas, peritajes técnicamente complejos sobre los dispositivos secuestrados y la incorporación de testimonios adicionales.
La defensa de los imputados, por su parte, ya anticipó que analizará la posibilidad de morigerar la medida a una detención domiciliaria en instancias posteriores, una estrategia frecuente en esta etapa procesal. AN Digital
