El expediente por la represión durante una protesta en el Congreso empieza a encaminarse hacia una instancia decisiva: la fiscalía pidió que el gendarme acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo enfrente un juicio oral.
La acusación, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, recae sobre Héctor Jesús Guerrero, integrante de la Gendarmería Nacional. Para el funcionario judicial, el accionar del efectivo no solo fue irregular, sino que implicó un uso indebido y peligroso de la fuerza pública.
El caso tiene como punto central lo ocurrido el 12 de marzo de 2025, en medio de una movilización en defensa de jubilados que terminó con incidentes. En ese contexto, la investigación reconstruyó que Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanza gases en un lapso de apenas 20 minutos.
Pero el eje de la imputación no está solo en la cantidad, sino en cómo se realizaron esos disparos: según la fiscalía, fueron ejecutados de manera horizontal, una modalidad prohibida por los protocolos, y sin una situación concreta que justificara ese nivel de intervención.
La consecuencia más grave de esa secuencia fue el impacto de uno de los proyectiles en la cabeza del fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo, que en ese momento estaba trabajando en el lugar. La distancia, su posición corporal y el hecho de que se encontrara detrás de una estructura improvisada fueron elementos clave para descartar que representara una amenaza.
Las lesiones fueron devastadoras: fractura de cráneo, compromiso neurológico severo y un proceso de recuperación prolongado, con secuelas que podrían ser permanentes.
Pablo Grillo volvió a su casa tras diez meses de internación
Para Taiano, no se trató de un hecho accidental dentro de un operativo complejo. En su dictamen, remarcó que el gendarme tenía formación suficiente para comprender los límites del uso del arma y, aun así, se apartó de ellos. También cuestionó que no se hayan respetado criterios básicos como la proporcionalidad y la necesidad.
La causa se sostiene en un conjunto de pruebas técnicas: pericias, registros audiovisuales y fotografías que permiten seguir la trayectoria de los disparos y ubicar al acusado en el momento clave.
Incluso ante el argumento defensivo de que no hubo intención de causar daño, la fiscalía fue clara: el riesgo generado por ese tipo de accionar era evidente y previsible.
