ATE encabeza este viernes una nueva marcha en el organismo, ante las denuncias de corrupción al gerente de la Super Intendencia de Salud (SSS), Mario Gutiérrez.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezará este viernes una nueva marcha hacia la Super Intendencia de Salud (SSS), luego de que se diera a conocer una denuncia contra el gerente del organismo, Mario Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada.
Según detallaron desde el gremio, Gutiérrez habría aumentado su patrimonio casi 30 veces en dos años, mientras los trabajadores estatales ven dilapidado su salario. “Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno nacional, la conducta desplegada por las autoridades de la Super Intendencia es inaceptable”, afirmó el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.
En ese marco, desde el gremio que nuclea a los trabajadores estatales anunciaron una protesta este viernes 27 de marzo a las 12:00 horas frente al organismo, ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 434. “Exigimos una explicación detallada ya que los graves delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución”, afirmó el dirigente.
“El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”, amplió Aguiar.
En esa línea, el titular de ATE cuestionó cómo es posible que se digiten controles a las obras sociales más chicas, mientras se ignora los incumplimientos de las empresas de medicina prepaga, o que algunas obras sociales le están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales.
“La Superintendencia funcionó durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan, los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada”, aseguró Aguiar.
Vale precisar que, el sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo el viernes a las 12:00 horas, a raíz de la denuncia anónima radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, bajo el número CFP 1086/26, así como en la Oficina Anticorrupción (OA).
ATE denunció que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) frena expedientes y demora respuestas a usuarios con necesidades urgentes.
ATE encabeza una marcha en la Super Intendencia de Salud: los detalles de la denuncia por corrupción
Es preciso destacar que, Gutiérrez figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por $60 millones. Esta situación se suma a la amenaza latente de despidos y el intento de vaciamiento del organismo.
En este marco es que ATE denunció que las autoridades ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas.
Cabe recordar que, ante esta situación, el sindicato realizó “paros a la japonesa” que consistían en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud.
Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.
ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.
Cabe destacar que, esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.
