En el marco de una profunda reestructuración en el Estado, el presidente, Javier Milei, firmó el Decreto 475/2025 que reorganiza por completo la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que representa jurídicamente al país, luego de que dentro del propio Gobierno nacional surgieran sospechas de filtraciones internas que habrían perjudicado la estrategia argentina en el juicio por la expropiación de YPF, actualmente en curso en Nueva York.
Es preciso mencionar que, en el marco de la reestructuración de la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Justicia desvinculó a 60 funcionarios y pasó de seis a cuatro Direcciones Nacionales, al tiempo que disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya tarea será asumida por el nuevo Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), con una plantilla mucho más reducida y bajo un esquema de menor jerarquía institucional.
Según trascendió, los despidos fueron justificados como parte de una política de “mayor eficiencia”, aunque fuentes de la Casa Rosada admitieron que el malestar presidencial está ligado a la sospecha de que poderosos estudios jurídicos internacionales, como el fondo Burford, se adelantaban a las estrategias argentinas en el litigio por YPF. La jueza Loretta Preska ya dictó una condena contra la Argentina por 16.100 millones de dólares.
Es preciso mencionar que, mientras el Gobierno de Milei busca frenar la ejecución de esa sentencia, también intenta evitar que se concrete la orden judicial de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes. En este contexto, el Gobierno de Donald Trump presentó un amicus curiae a favor de la Argentina, lo que fue interpretado como un posible respaldo en el proceso de apelación.
La desconfianza de la administración de Milei escaló cuando se difundieron vínculos del actual procurador, Santiago Castro Videla, con el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, el cual colaboró con abogados estadounidenses en el juicio en Nueva York. Su socio, Alberto Bianchi, fue uno de los juristas que respaldaron la posición del fondo Burford, al explicar el funcionamiento del derecho argentino ante la jueza Preska.
El juicio por YPF desató una ola de despidos en la Procuración del Tesoro por sospechas de filtración de información a los fondos buitres.
Pese a los cuestionamientos del Presidente, Castro Videla continuará al frente del organismo por ahora. Su permanencia se explicaría, según fuentes políticas, por su cercanía con Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Milei. En paralelo, el Ministerio de Economía también habría detectado irregularidades en la gestión del litigio, que alimentan las versiones de una interna judicial por la defensa estatal.
En términos estructurales, el nuevo decreto que lleva la firma de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, define con precisión las funciones del organismo: la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales conducirá la estrategia legal en los tribunales nacionales, la de Asuntos y Controversias Internacionales en causas fuera del país, y el CEFAP asumirá la formación de los abogados estatales con competencias acotadas y personal reducido.
En paralelo, la Dirección Nacional de Sumarios tendrá a su cargo las investigaciones administrativas y auditorías internas. Según se informó oficialmente, la reforma busca “reducir el gasto público, optimizar los recursos y modernizar la gestión de la abogacía pública”, aunque en los hechos también responde a un contexto de crisis y sospechas sobre deslealtad interna.
