El Gobierno nacional decidió suprimir la obligatoriedad del pago de aportes a cámaras empresarias para capacitación, un esquema que beneficiaba a cuatro entidades sectoriales. Esta medida despertó las voces de diversas organizaciones que llevaban tiempo rechazando este cobro compulsivo por considerarlo injusto.
Según los datos oficiales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) cobran un 0,5% del salario de cada empleado, lo que supone $4.725,02 mensuales por trabajador desde marzo. Este monto representa, a nivel general, entre $5.000 millones y $6.000 millones al mes, teniendo en cuenta la cantidad de 1,2 millones de afiliados. Por su parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra) impone un 1% sobre una base de 250.000 trabajadores, generando unos $2.500 millones mensuales.
Desde la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), se resaltó que “esta contribución no esencial generará un ahorro de aproximadamente $47 millones cada mes” en un sector que emplea a unas 10.000 personas. La cámara argumentó que el aporte solo incrementa los costos laborales y no brinda beneficios a los trabajadores ni a los empleadores que optan por no capacitarse.
El decreto 149/2025, publicado el miércoles, establece que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes a cargo de trabajadores no afiliados a dichas cámaras” a menos que sean aceptados voluntariamente. Esta decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Federico Sturzenegger, fue bien recibida por las entidades que se oponían a dicho cobro.
Sin embargo, la Confederación Federal Pyme Argentina exigió la intervención de la CAME y solicitó la renuncia de Alfredo González, su actual presidente, citando “las condenas escandalosas en la Justicia por acoso laboral y trabajo en negro” como motivo de su reclamo. Por otro lado, José Luis Ammaturo, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), celebró la medida, considerando que representa un gran avance para las pymes y que cambia la dinámica de la vinculación entre las entidades y sus asociados tras más de 30 años de reclamos.
Aunque estos aportes se destinan oficialmente a capacitación, muchas entidades sostienen que su verdadero fin es enriquecer a las cámaras que los exigen. En este contexto, Camima destacó que este decreto favorece la transparencia y la autonomía de las empresas respecto a sus propios recursos. Ammaturo opinó que la libre asociación es un principio esencial y que el decreto garantiza que las empresas no tengan que destinar sus recursos a entidades con las que no comparten intereses.
La Confederación Federal Pyme Argentina recordó que desde 2008 los comerciantes deben abonar un aporte mensual por cada empleado, aunque no se capaciten, lo que significa una recaudación anual que supera los $70.000 millones. Asimismo, plantearon dudas sobre la claridad en la gestión de estos fondos, solicitando al Gobierno investigar el uso de los mismos y la representación real de las cámaras beneficiadas.
Mientras tanto, CAME defendió el cobro de los aportes, argumentando que son fundamentales para la representación y la capacitación de las pequeñas y medianas empresas, aunque la discusión se centra en la falta de rendición de cuentas sobre estos fondos. La Cámara Argentina de Comercio también se sumó a la defensa de la gestión y el uso de los recursos.
