Por orden del Ministerio de Justicia de Nación, se produjo el cierre de ocho CAJ en la Capital. Advierten que vecinas y vecinos perderán asesoramiento en causas de violencia de género, obtención de DNI o alimentos así como la atención psicológica gratuita y asesoramiento de trabajadores sociales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenó cerrar ocho de los dieciséis Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) situados en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ), los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad y seis de ellos estaban entre los diez más requeridos.
En un comunicado, ACIJ repudió el cierre de ocho CAJ que atendían las necesidades de acceso a la justicia de la población más vulnerable de la ciudad. Especialmente, los centros asesoraban de forma gratuita casos vinculados a documentación personal y derecho de familia, obtención de DNI y partidas de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, entre otros.
La decisión del ministro no fue comunicada a través de medios oficiales, sino que trabajadoras y trabajadores de los centros recibieron sendos correos electrónicos durante el jueves pasado acerca del cierre “sin ningún tipo de fundamentación o previsión”, aseveró el comunicado. Asimismo, resaltó que “Lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población con mayores dificultades para acceder a los derechos básicos”.
Los Centros de Acceso a la Justicia, explicó ACIJ, son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerable. “Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia”, apuntó. De igual manera, remarcó que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Incluso (OCDE) “ha destacado la necesidad de contar con políticas de acceso a la justicia centradas en las personas que prevengan el escalamiento de conflictos ya que resulta en mejores resultados en general”.
El comunicado, que expresó preocupación e hizo un llamado al ministro Cúneo Libarona revisar la medida, fue firmado además por otras organizaciones como ELA, CELS, INECIP, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) y los curas villeros Lorenzo de Vedia; Gastón Colombres; Ariel Corrado; Domingo Alberto Regín; Andrés Tocalini; Damián Reynoso; Facundo Ribeiro; Pedro Baya Casal; Ignacio Obagattini; Jesús Carides y Oscar Gallego. “En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones”, concluyó.
Para el ministro son una “caja política”
El ministro Cúneo Libarona ya había anunciado el 10 de junio pasado la decisión al catalogar a los centros que acercan derechos y justicia a las clases populares como una “caja política”. Según señaló Página 12, la medida impactará en más del 70 % de los espacios existentes, mientras los trabajadores y trabajadoras pelean por reincorporaciones con más de 250 puestos laborales en juego.
En un comunicado, el ministro ya había expresado que cerraría 81 de los 111 CAJ en todo el país, a los que tildó de “ineficientes” y que “acumulaban empleados sin demostrar resultados”. Ese mismo día se realizó la publicación de la Resolución 178/2024 del Ministerio de Justicia que aprobó un “plan de ordenamiento y mejoramiento” de los CAJ.
Repudio de Unión por la Patria
Los representantes electos de la Comuna 8 de Unión por la Patria de la Ciudad emitieron un comunicado en el que repudiaron el cierre de los ocho CAJ. “Una vez más el Gobierno de Milei atenta contra los vecinos y vecinas que más acompañamiento necesitan, porque es justamente en los CAJ donde se puede encontrar atención interdisciplinaria para abordar las distintas problemáticas, que van desde lo social hasta lo jurídico”, expresó el comunicado.
Asimismo, manifestaron que el rol de los CAJ es fundamental para la vida cotidiana de nuestros barrios justamente por la amplitud de sus prestaciones. “Es la herramienta que permite el acceso a un DNI para un trabajo, mediaciones comunitarias, abordajes psicológicos ante cualquier inconveniente, asesoramiento con distintos trámites. Son hechos concretos y reales que los veíamos a diario e implicaban oportunidades y esperanza para muchos de nuestros vecinos”, resaltaron. De esta manera, señalaron que a partir de la orden ministerial, los vecinos y vecinas de Soldati y Villa 20 ya no podrán realizar dichas gestiones, lo cual “no es casualidad en un contexto de ajuste, represión y eliminación de derechos”.
Por ello concluyeron que se trata de “un plan perfectamente orquestado que combina el vaciamiento del Estado, pobreza y hambre para el pueblo, y que culmina con esta medida que implica la imposibilidad de acceder a las distintas herramientas de ayuda y contención”.
