Amnistía Internacional ha emitido una alerta sobre el aumento de los ataques a la libertad de expresión en la Argentina. La organización envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos. Según la carta, durante la gestión del presidente Javier Milei, cerca de 30 periodistas recibieron «hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación».
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó: «El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho». Además, señaló que la red socio-digital X (anteriormente Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los «señalamientos y acusaciones». Entre los periodistas atacados se encuentran figuras reconocidas como Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O’Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
La organización internacional también criticó la decisión del gobierno de remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado de manera arbitraria. Amnistía Internacional alertó sobre los nuevos lineamientos para la acreditación a la Casa Rosada, señalando que podrían ser utilizados para limitar selectivamente las voces que cuestionan las medidas gubernamentales.
Además, Amnistía Internacional destacó que los ataques suelen ser más intensos cuando las víctimas son mujeres, lo que no solo reduce el debate público sino también afecta más a un segmento de la población. La organización enfatizó que una «prensa independiente y crítica» constituye un elemento fundamental para la vigencia de un «Estado de derecho». También advirtieron que «la descarga de odio» contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el «hostigamiento, las amenazas y la violencia».
Recordaron que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen «jerarquía constitucional». Amnistía Internacional instó a la CIDH y a las Relatorías Especiales a que tomen medidas y exhorten al Estado argentino a abstenerse de usar discursos y mensajes criminalizantes, y a establecer recomendaciones sobre el rol de los funcionarios públicos en el respeto a la libertad de prensa.
