El Gobierno Nacional tiene en el horizonte tres reformas clave: la ley de «hojarascas», la reforma política y electoral, y la ley «anticasta». Estas propuestas serán presentadas en la Cámara de Diputados después del receso invernal, marcando el inicio de un periodo de intensos debates legislativos. La UCR no está a favor de algunas reformas políticas y podría complicar el avance, pero otras del orden económico se podrían implementar mediante decretos.
Fuentes parlamentarias de la oposición dialoguista han confirmado a la agencia NA que están listas para debatir estas reformas. La oposición muestra disposición a apoyar la ley de «hojarascas», destinada a eliminar leyes obsoletas, y las normas «anticasta». Sin embargo, se opondrán firmemente a la eliminación de las PASO y a la propuesta de poner fin al financiamiento público de los partidos políticos.
La ley de «hojarascas» busca desregular el marco normativo actual, eliminando cerca de 100 leyes consideradas anticuadas por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado manejada por Federico Sturzenegger. Entre las leyes a ser derogadas se encuentran normas como la del precio uniforme de venta de libros y la que bloqueaba la importación de azúcar. «Varias desregulaciones serán bienvenidas, en especial si traen precios más bajos para los consumidores, como en los medicamentos», señalaron las fuentes.
La ley «anticasta» que el Gobierno nacional sueña con aprobar
En cuanto a la ley “anticasta”, aún en desarrollo, su objetivo principal es eliminar privilegios en el Estado y en organizaciones sindicales. Esta ley incluirá la eliminación de regímenes jubilatorios especiales y otras medidas destinadas a nivelar el campo de juego en la esfera pública. La redacción de esta ley está en proceso, pero ya promete ser un punto de contención entre las distintas fuerzas políticas.
La reforma política y electoral incluye propuestas controvertidas, como la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos. Desde la UCR han expresado su desacuerdo, argumentando que el financiamiento público asegura equidad y protege a los partidos de influencias privadas. Además, se oponen a la eliminación de las PASO, un sistema implementado en 2009 para democratizar la representación política y que ha sido utilizado por diversas fuerzas para definir candidaturas.
Otro punto a debatir en la reforma electoral es la posible eliminación del criterio de paridad de género en las listas electorales, un avance impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017 que implica misma cantidad de hombres y mujeres en las boletas políticas. La paridad de género ha sido un pilar en la conformación de listas, y su eliminación podría enfrentar fuerte resistencia tanto dentro como fuera del Congreso.
Finalmente, el Gobierno planea implementar la boleta única, acompañada de un sistema de listas abiertas. Este nuevo esquema permitiría a los votantes combinar candidatos de diferentes partidos o alterar el orden de las listas, fomentando una mayor participación y personalización del voto. Este sistema, sin embargo, deberá ser discutido ampliamente para asegurar su viabilidad y aceptación.
Además de estas tres grandes reformas, el Gobierno también tiene en su agenda la modernización judicial, la ley de juicio en ausencia, una amplia reforma educativa, y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo Oficial y los medios públicos de Radio Televisión Argentina (RTA). El debate legislativo promete ser intenso y cargado de controversias, con implicaciones profundas para el futuro político y social del país.
