Aquí no ha pasado nada: quizás por la ola de repercusiones que generó en la escena política municipal, quizás por el desembarco de la discusión en la Suprema Corte de la Provincia, quizás por la intervención de la gobernación bonaerense, el clan que lidera el recientemente electo intendente Santiago Passaglia decidió en las últimas horas retrotraer las desafiliaciones forzadas de empleados municipales de San Nicolás al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).
El conflicto fue destrabado tras la intermediación del gobernador Axel Kicillof, quien destacó la importancia de “sentarse y trabajar juntos” con el municipio para poner fin a la disputa: “Vengo a agradecer porque estamos ampliando la cobertura de IOMA. Hacía falta tener la generosidad y la grandeza de poder firmar un papel donde resolvemos un problema de los vecinos de San Nicolás. En las negociaciones actuó también el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, que señaló que los trabajadores afectados “vuelven a aportar de manera solidaria” y su situación “vuelve a la normalidad”.
Aún no daban las doce en la campaña electoral de 2023 y el entonces jefe comunal del partido septentrional Manuel Passaglia, quien sucedió en 2019 a su padre Ismael Passaglia, comandaba una avanzada contra la obra social pública que tuvo su correlato también en otros distritos gobernados por el PRO como Capitán Sarmiento y Zárate, donde la ordenanza de enero fue interrumpida días atrás por una medida cautelar ante el máximo tribunal bonaerense.
Entretanto, en San Nicolás el programa no se materializó en medidas concretas hasta que asumió la conducción del Ejecutivo Santiago, el tercer Passaglia de la ciudad. De la mano de una sesión especial en el Concejo Deliberante local, el oficialismo empujó y logró aprobar una iniciativa para desvincular al personal municipal a IOMA. El proyecto fue promulgado en marzo, en medio de la inauguración del calendario legislativo, con un tratamiento apurado y solo 48 horas de preparación para la jornada de debate.
Así fue que el PRO dio lugar a un plan general de desafectación de los empleados públicos del distrito a la obra social que les corresponde. En su momento, el partido gobernante esgrimió argumentos como las presuntas deficiencias del servicio de salud público y el “cobro de aranceles” extra a los pacientes que, de otra manera, pueden no ser atendidos, de acuerdo con la información que recogió semanas atrás el medio provincial Infocielo.
Sin embargo, el juego terminó para el oficialismo, que esta semana debió dar marcha atrás oficialmente a la polémica disposición y alcanzó un acuerdo con IOMA para permitirle a los empleados públicos atenderse nuevamente en la obra social a través del Sanatorio Go. El entendimiento fue cerrado en el marco de una catarata de críticas en contra de la medida, entre reclamos de la política y la ciudadanía por un lado y la judicialización del caso por el otro, mientras la causa reside en la Suprema Corte de la Provincia.
