En el marco de los recortes en la administración nacional, impulsado por el presidente de la Nación, Javier Milei, más de 4.000 trabajadores despedidos no pueden poder cobrar su indemnización porque falta que se designen funcionarios en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) que ponga la firma en el trámite.
Se trata de más de 4.000 indemnizaciones trabadas, debido a que el SECLO, que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, no tiene asignado un director que ponga la última firma en el acuerdo entre las partes, por lo que los montos para los despedidos no pueden transferirse.
“Siempre una homologación de acuerdo salía en diez días. Ahora hace prácticamente dos meses que no salen homologaciones”, explicó una abogada del SECLO, que agregó que “los trabajadores despedidos quedan sin poder cobrar a pesar de la voluntad del empleador de pagarles, lo cual es insólito”.
Es preciso mencionar que, se calcula que el 60% de los cargos de la administración nacional están vacantes desde que asumió Milei, por lo que la mayoría de las dependencias tienen interrupciones en el funcionamiento básico, como pasa en el SECLO, que quedó acéfalo.
Por otra parte, a la traba de las indemnizaciones para los despedidos, se le suma el problema de que no tienen un mecanismo de actualización por inflación, de manera que, para el momento que puedan firmarse, ya serán montos devaluados, lo que favorece a los empleadores.
Cabe mencionar que, el SECLO funciona hace casi treinta años con audiencias virtuales en las que las partes negocian el cese del contrato y, una vez llegado el acuerdo, se abría un plazo de diez días para homologación y el cobro.
De esta manera, el objetivo del organismo del Ministerio de Capital Humano es evitar que los reclamos laborales se judicialicen, por lo que se encarga de llevar adelante la primera instancia administrativa antes de que se abra una demanda judicial contra los empleadores.
Así, el SECLO, que cumple la función de mediador entre los trabajadores despedidos y las patronales, tiene un mecanismo que consta de hasta tres audiencias virtuales para arribar a los acuerdos económicos que, si no suceden, habilita la vía judicial en el fuero laboral.
