Este lunes, el Gobierno nacional que se encuentra bajo la administración de Javier Milei oficializó el traslado del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), históricamente administrado por los movimientos sociales, a la órbita del Ministerio de Economía, bajo la supervisión de su titular, Luis Caputo, que en la primera semana de abril también sumó a su cartera cuatro de las cinco secretarías que dependían del caducado Ministerio de Infraestructura.
En rigor, el traslado del FISU al Ministerio de Economía fue oficializado a través de la Resolución 6/2024, que estableció que el Comité Ejecutivo del mismo “estará integrado por los titulares de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.
En tanto, la resolución es una formalidad que debía consolidar el Gobierno nacional, ya que a principio de mes se confirmó el nuevo organigrama del Ministerio de Economía que absorbió las Secretarías de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro de la administración. Las áreas que fueron oficializadas en aquella oportunidad son la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Concesiones. De esa forma, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda pasó a contar con tres subsecretarías, Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, e Integración Socio Urbana.
Más allá del cambio comunicado esta mañana por el Gobierno nacional, los integrantes del FISU seguirán desempeñando sus tareas “con carácter ad honorem”, ahora en el Ministerio de Economía. En efecto, la resolución contempla que el Comité Ejecutivo del Fondo seguirá bajo el control del titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires durante la campaña electoral de 2023, que además tuvo un breve paso por el Senado bonaerense hasta que asumió en su actual cargo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional.
Es preciso recordar que, el FISU fue creado a través del Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), y crear Lotes con servicios para los sectores más vulnerados de la sociedad. Al comienzo de la era de Javier Milei, el Fondo dependía del Ministerio de Capital Humano, ex Desarrollo Social.
Hasta este lunes, el FISU estaba administrado por los movimientos sociales, que en febrero de este año sufrieron un recorte impuesto por el Gobierno nacional de Milei de casi el total de la partida que recibían proveniente de la recaudación por el Impuesto PAIS. Para comprender el alcance de la poda, hay que retrotraerse a la ley 27.541 que destinaba la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social, obras de infraestructura económica y fomento al turismo a través del Fondo.
En tanto, el decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió nuevas prioridades y estableció girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo. Con los cambios dispuestos por la administración de Javier Milei, pasó a girarse un 1% al Fondo, y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuó con el mismo 5% del producido.
En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto PAÍS que percibían los movimientos sociales a través del FISU pasaron a recibir un porcentaje testimonial de apenas el 0,3%. En 2023, el monto que alcanzó fue de casi seis mil millones de pesos.
A principios de este año, el FISU estuvo bajo la mira del Gobierno nacional producto de una auditoría donde se investigó si había irregularidades en el manejo del dinero. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.
En tanto, desde la creación del FISU, se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.
Sin embargo, la auditoría que realizó el Gobierno de La Libertad Avanza puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, y que los contratos, como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos, fueron dirigidos a cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). A partir de estas investigaciones, el Gobierno decidió que se constituya el Comité Ejecutivo del Fondo, presidido por Pareja, el cual hoy fue reorganizado.
