Este miércoles, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a un juez del fuero que resuelva el pedido de la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre la reanudación de la entrega de alimentos a los comedores populares, luego de que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cortara los suministros.
De esta manera, los jueces Marcelo Duffy, Rogelio Vincenti y Jorge Morán hicieron lugar a la solicitud de medida cautelar de la Defensoría para que se resuelva el conflicto de competencia alegado por el juez, por el que se demoró la entrega de alimentos a los comedores populares.
En detalle, la Defensoría pidió a la Justicia que se dicte una medida de “prohibición de innovar” para que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
Por este motivo, la Defensoría argumentó, en su pedido a la Justicia, que existe una situación de contexto de emergencia alimentaria nacional, declarado por el decreto 108/2002, prorrogado por la ley 27.701, que se contrapone a la suspensión de entrega de alimentos que decidió el Gobierno nacional.
Es preciso mencionar que, la entrega de alimentos a los comedores está contenida en el programa nacional de nutrición y alimentación, establecida en la Ley 25.724, en la que indica que es el Estado quien debe “garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
Así, el tribunal tomó el argumento para ordenarle al juez que resuelva, al considerar que se trata de disposiciones que hacen a una política pública a nivel nacional para garantizar el derecho a la alimentación, una cuestión que excede al ámbito de la Seguridad Social, el área al que se le alegaba competencia.
De la misma forma, la Defensoría destacó que la crisis en los comedores se agrava por “la falta de ejecución del presupuesto otorgado al Ministerio de Capital Humano“, que “ya resultaba significativamente menor ante la falta de aprobación de correspondiente al 2024 y la prórroga del aquel del 2023”.
Cabe recordar que, el Gobierno nacional decidió cortar la entrega de alimentos a comedores con el argumento de que se llevaba adelante una auditoría presencial, “a efectos de establecer una nueva modalidad” financiada por el Banco Nación y el Banco Mundial.
