A pesar de los drásticos recortes de gastos vinculados a las jubilaciones, asignaciones familiares y provincias, en febrero las cuentas de la administración pública nacional cerraron con un déficit financiero de $186.635 millones.
Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió hacer frente a pagos de intereses por $1,1 billones (en especial al FMI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El rojo fiscal no fue mayor porque se computaron $206.024 millones como ingresos de rentas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
Según la OPC, hubo «retrasos en algunos programas de gastos» y deudas no canceladas en el mercado de electricidad.
