Este viernes, más de veinte organizaciones sociales realizaron una jornada de protesta nacional en contra de las políticas de ajsute que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. El “piquetazo” incluyó 500 cortes de rutas y accesos en todo el país, y una movilización al Ministerio de Capital Humano para exigir la entrega de alimentos a los comedores populares.
La devaluación, la fuerte inflación que en tan sólo dos meses superó el 50%, el recorte a los programas sociales, el incremento en el transporte, el aumento de la pobreza y la indigencia, y la falta de asistencia por parte del Estado nacional, hicieron que todas las organizaciones sociales y piqueteras del país confluyeran en una misma protesta con un reclamo unificado bajo la consigna “¡Basta de ajuste a las trabajadoras y trabajadores!”.
El reclamo principal es en contra del cierre de comedores populares y en rechazo al ajuste de los programas sociales que “están siendo liquidados por la inflación”.
El Frente de Lucha Piquetero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Coordinadora por el Cambio Social, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y el MST Teresa vive, junto a otras organizaciones sindicales y populares denunciaron que “más de 44.000 comedores populares no reciben un kilo de alimentos”.
«Con un índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% en enero y una interanual del 254,2%, con una licuación del poder adquisitivo generalizada frente a estos brutales aumentos, que incluyen alimentos, transporte, medicamentos, alquileres, etcétera, el Gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas, la asistencia alimentaria”, expresaron en un comunicado conjunto.
El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, afirmó que “hoy la realidad en la Argentina es que millones de familias han dejado de comer, porque antes tenían la posibilidad de comer una vez al día cuando se acercaban a un comedor comunitario, a un merendero comunitario, pero ahora el Gobierno ha decidido desabastecer a todos los comedores de la Argentina y ha llevado a millones de familias a revolver la basura, a buscar comida podrida, a chupar cartón, y por eso hemos decidido construir esta unidad para defender a nuestro pueblo”.
Los movimientos sociales exigen que el Ejecutivo abra canales de diálogo, especialmente a la titular del Minsiterio de Capital Humano, Sandra Petovello, quien sistemáticamente se ha negado a recibirlos.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Si bien la protesta se extendió por todo el país, el epicentro de la jornada de lucha fue el centro porteño. Allí miles de personas se movilizaron hacia la cartera que conduce Petovello donde se encontraron con un fuerte operativo policial que quería impedir el avance de las columnas y el corte total del tránsito.
La Policía intentó desalojar el corte con empujones, golpes y gas pimienta. Sin embargo, los manifestantes permanecieron en el lugar cortando la calle. “La pobreza y el hambre aumentan. El gobierno responde con operativos policiales desproporcionados”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que participó de la movilización.
En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano decidieron responder al reclamo con una publicación en sus redes sociales defendiendo sus políticas y atacando a las organizaciones sociales.
Mientras se desallorraba la protesta, la cartera que conduce Petovello compartió un texto en el que reconoció que “el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen”.
“Es por eso que en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”, añadieron. “La Tarjeta Alimentar es para nosotros la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”, señalaron.
Desde el Gobierno sostuvieron que “la compra de alimentos secos como fideos, arroz y yerba que administraban las organizaciones sociales representa solo el 4.2% de la inversión del Estado en materia alimentaria” y que en ese sistema reinaba la “discrecionalidad” en la elección de beneficiarios.
“La calidad de los alimentos era más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y distribución. El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del Estado era nulo”, indicaron.
“Para terminar con esta herramienta de extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado decidimos que este 4.2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”, detallaron.
