La Sala II de la Cámara Federal Porteña, en fallo dividido, rechazó lo actuado por el juez platense Ernesto Kreplak.
En fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal Porteña anuló la totalidad de los procesamientos que habían sido dictados en la causa llamada “gestapo sindical”, en la que están imputados el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata Julio Garro, y otros ex funcionarios del entonces gobierno de María Eugenia Vidal, además de legisladores y empresarios.
Para la Justicia Federal no hubo delito en aquella reunión en la sede porteña del Banco Provincia, cuyas imágenes luego trascendieron y en las que se escucha que hablan de un posible armado de la causa del ex titular de la UOCRA Seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.
El fallo planteó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba, sostuvo que son “difusas y debatibles” las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente en el fallo del juez Ernesto Kreplak.
Según los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dos camaristas que vienen siendo señalados por el kirchnerismo por desde hace tiempo por sus resoluciones, la fundamentación de Kreplak no demostró que hubo inteligencia ilegal, y por ello se ordenó profundizar la investigación. En minoría, el juez Eduardo Farah hizo un largo repaso de las pruebas y votó por convalidar los procesamientos.
“Nos encontramos entonces en condiciones de volver a afirmar que la resolución es inválida. Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso,” sostuvieron en mayoría.
Para los jueces, el procesamiento inicial “soslayó” las diferentes denuncias expresadas contra el accionar de los dirigentes de la UOCRA Seccional La Plata que “resultan, cuanto menos, demostrativas de que la situación existente al momento de los hechos aquí investigados superaba los estándares de un mero conflicto gremial y, por el contrario, podría haber presentado notas de ilegalidad.” Eso, concluyeron, “pone en crisis la afirmación sobre la presunta persecución desplegada contra ‘líderes sindicales’.”
“Pero eso no es todo. La resolución del juez instructor pasa por alto otra circunstancia de relevancia. En su decisión tuvo por corroborada su hipótesis delictiva a partir de la formulación de las denuncias detalladas, que dieron lugar a la formación de once causas contra Medina y su agrupación gremial. No obstante, se advierte que, en concreto, el a quo (juez) analizó en profundidad solo siete de ellas, omitiendo las restantes, las cuales podrían guardar relación con reclamos genuinos de otros intervinientes. Esta conducta procesal del magistrado revela una deficiencia de argumentación, por carecer de un análisis integral de las pruebas, en el sentido que venimos exponiendo,” se advirtió.
Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Cámara Federal porteña decidió que la causa por el supuesto espionaje ilegal deje de investigarla Kreplak y pase a su colega porteño Marcelo Martínez De Giorgi. En el voto mayoritario, justamente gracias a Llorens y Bertuzzi, se tuvo en cuenta un anterior fallo de la Cámara Federal de Casación Penal y el hecho de que la reunión en que se habló de coordinar acciones contra Medina por supuesta extorsión a empresarios se realizó en la sede porteña del Banco Provincia. (DIB)
