En una carta enviada al funcionario nacional, los y las asambleístas solicitaron «de forma urgente», la cooperación de Juan Cabandié con el «derecho a peticionar a las autoridades, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.».
En su carta, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, aseguró que en el territorio en disputa se encuentra un bosque nativo, categorizado como zona amarilla según previsiones de Ley N°26.331 de Bosques Nativos, y un área sin categorizar correspondiente al margen de dos cursos de agua llamados Arroyo Las Chacras y Arroyo Cuchi Corral. Estos -aclararon- se encuentran «bajo amenaza de daño inminente e irreparable, en razón de los trabajos de tala y desmonte planificados para efectuar una obra pública proyectada como Centro Comercial, que carece de legitimidad social, y de fundamentos que la sustenten en orden al bien común, la utilidad social, el equilibrio, salud ambiental y de la población en general».
Por eso, solicitaron al ministro una «Resolución Expresa» de autoridades competentes que disponga cese de trabajos de desmonte y consecuentes sobre el lugar, y que «habilite la instancia de participación ciudadana» solicitadas oportunamente al Gobierno de la Provincia de San Luis que nos fuere «arbitrariamente negada, a los fines de poder aportar ideas que a la vez que protejan el Bosque Ancestral permitan un proyecto de conservación, restauración, preservación de ecosistemas, punto de investigación científica y educación ambiental, y de esparcimiento recreativo, todo en convivencia armoniosa con el espacio allí existente».
Los y las activistas ambientales continúan resistiendo el avance de obras de la empresa adjudicada para la construcción de un mega emprendimiento planificada por el gobierno Provincial, sobre una superficie de más de 12 hectáreas con una inversión de 1.800 millones de pesos sobre un territorio de «monte nativo» que implicara la «destrucción total del ecosistema».
La fiscal de Instrucción 4 de la primera circunscripción judicial, María del Valle Durán, solicitó al juez de Garantías en turno que desaloje el acampe de ambientalistas que se oponen a la obra en el Parque Acueducto Vulpiani en Juana Koslay, en respuesta a una denuncia interpuesta por el gerente de la empresa, Sergio Ángel Finelli, sobre el impedimento que significa el acampe para el avance de la obra.
Aclaró que esto es «sin dejar de reconocer la garantías que todo ciudadano tiene de manifestarse pacíficamente, pero sin vulnerar con ello derechos de terceros», explicó.
En medio de una tensa calma que incluye roces con la policía al intentar identificar a los manifestantes, la Asamblea suma muestras de solidaridad de particulares e instituciones en San Luis y trabaja en una propuesta concretar para que el espacio se convierta en una reserva natural que convoque la participación popular para definir sus espacios comunes.
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis adhirió al reclamo, y una comitiva acudió ayer al acampe, mientras que en la Cámara de Diputados de la provincia ingresaba un proyecto de declaración presentado por Luis Lucero Guillet y Víctor Sosa para expresar preocupación y repudio por la situación que no pudo ser tratado sobre tablas y pasó a la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía.
