A dos meses del crimen del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, el ministro de transporte, Jorge D´Onofrio, adelantó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires accionará judicialmente contra las empresas de colectivos que no coloquen cámaras de seguridad en los vehículos.
En rigor, D´Onofrio denunció que, de las más de 3.500 cámaras disponibles para instalar en los colectivos que transitan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las empresas de transporte solo pidieron 10. “Si no lo actualizan, en las próximas horas vamos a accionar judicialmente”.
“De las 1800 instaladas que había sin reportar, ya están reportando al centro de monitoreo. Les decimos a las empresas de transporte que se terminó el ‘changüí’, no pueden exigirnos seguridad si no cumplen con su responsabilidad“, sentenció D´Onofrio en una entrevista radial.
Vale recordar que, después del asesinato del chofer del colectivo de la línea 620 de La Matanza, Daniel Barrientos, la Provincia había anunciado medidas de seguridad en los transportes públicos, tales como la presencia de Gendarmería nacional en los vehículos y la colocación de 1.800 cámaras de seguridad, con el objetivo de frenar los crímenes en los colectivos.
En ese sentido, durante los primeros días de abril, D´Onofrio se reunió con representantes empresariales de transporte y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para avanzar con medidas de seguridad para los colectivos del Conurbano bonaerense, entre ellas, la colocación de cámaras de seguridad.
En aquel entonces, la reunión entre Provincia y la UTA se organizó luego de un ultimátum de D´Onofrio contra las empresas de transporte, en el cual el ministro de Axel Kicillof confesó que, para que instalen las cámaras de seguridad en los colectivos, intimaron a las firmas con no pagarles los subsidios.
“Las empresas están intimadas desde el 4 de enero para colocar las cámaras de seguridad que están faltando. La idea es que muy pronto estén todas funcionando y controladas desde el centro de monitoreo con inteligencia artificial”, había dicho D´Onofrio a la salida del cónclave.
A casi dos meses del crimen de Daniel Barrientos, la amenaza de D´Onofrio de este miércoles es solo un capítulo más de la tensa relación entre el gobierno de Axel Kicillof y las empresas de transporte, no solo por la falta de soluciones para la inseguridad de los colectivos, sino también por los numerosos paros y recortes en el servicio que decretaron la UTA y diversas firmas de micros en las últimas semanas por las condiciones salariales y el incumplimiento de subsidios por parte del Ejecutivo bonaerense.
Pese a que en junio de 2021 Provincia firmó una nueva resolución con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, para que las nuevas unidades de transporte público de pasajeros que sumen las empresas a su plantel cuenten con cámaras de seguridad, dos años después del acuerdo, el Gobierno bonaerense no parece poder cumplirlo.
Bastó con que suceda el asesinato del chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, que ocurrió en La Matanza, pleno territorio de Kicillof, para que Provincia preste atención a los crímenes en los colectivos. Si bien las cámaras de seguridad seguramente no hubiesen detenido a los malhechores que le dispararon a quemarropa a Barrientos, hubieran servido para aportar datos concretos a la causa. Causa que hoy, no tiene ningún detenido.
