El Gobierno nacional en las últimas horas le solicitó a la Justicia que le prohíba salir del país a los directores de Edesur, tras la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de intervenir la empresa de distribución de energía por 180 días por los masivos cortes de luz en plena ola de calor.
El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, fue el encargado de solicitar la medida cautelar ante el “temor” de que los directivos de Edesur incurran en una “posible fuga” para “eludir el accionar de la justicia” y, de ese modo, avancen en un “daño jurídico”.
“La denuncia es por los reiterados cortes de luz que pusieron en vilo a toda la sociedad, entorpecieron un servicio público y produjeron un abandono de personas. Todavía no podemos mensurar cuántos ciudadanos debieron ser hospitalizados, han visto agravarse sus cuadros médicos y podrían haber sufrido consecuencias irreversibles”, detalla la presentación contra Edesur.
La cautelar que busca que se prohíba salir del país a los directores de Edesur se da en el marco de la denuncia penal que presentó el Gobierno contra la empresa por “defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos”producto de los reiterados cortes de luz.
“La desidia operativa y la falta de protocolos, procesos de buenas prácticas no se relacionan con déficits presupuestarios, sino con la clara intención de los directivos de Edesur de frustrar dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica en forma inexcusable”, acusó el interventor del ENRE.
En concreto, la cautelar busca que se prohíba salir del país a los directivos de Edesur Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovani Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, con el objetivo de garantizar su presencia para comparecer ante la Justicia.
En su presentación judicial, Martello sostiene que la medida cautelar contra los directivos de Edesur persigue el objetivo de “obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad” y “evitar el riesgo de que, en este caso, los denunciados puedan frustrar el accionar de la Justicia ausentándose del país”.
“Las medidas limitativas de la libertad, sólo podrán motivarse en la existencia real de peligro de fuga u obstaculización de la investigación y ciertamente la medida solicitada entendemos que es una herramienta a ser utilizada de manera excepcional, porque sabemos que impera la regla constitucional de que toda persona es inocente hasta que se desvirtúe dicho estado mediante una sentencia condenatoria firme”, enfatiza la denuncia penal contra Edesur.
