En medio de una inflación que volvió a recalentarse en octubre, el Gobierno apura el acuerdo pensado originalmente para congelar por cuatro meses 1500 artículos básicos de marcas líderes. Según confirmaron fuentes oficiales, hasta el momento el secretario de Comercio, Matías Tombolini, recibió el visto bueno de 1200 firmas para integrar el programa de Precios Justos, que mantendrìa congelado los valores que no sean autorizados por el Gobierno.
Por CRISTIAN CARRILLO
Hasta el momento ya se acordó la adhesión al programa de unos 1200 productos, de los cuales 500 ya participan del programa Precios Cuidados. Para el resto de las empresas que no ingresen al plan se busca acordar un sendero de precios y se les garantizara el acceso a dólares oficiales sin sobresaltos en el tipo de cambio.
Según pudo saber El Destape, el acuerdo constará de al menos 1.500 productos y los precios promedio serán un 4 por ciento superiores a los valores de octubre. Durante el encuentro, según contaron desde el sector mayorista a este medio, los funcionarios del Gobierno le pidieron al sector «no aceptar listas de precios que superen el 4 por ciento de aumento y que lo denuncien a la Secretaría».
En conversación con El Destape Radio, Massa, había detallado que «el 86 por ciento de los productos de consumo masivo permanecerá sin movimientos, y el resto con un esquema de variación prefijado». El ministro le pidió al equipo que comanda Tombolini que para la segunda parte de este mes presente avances sobre la nueva canasta de productos.
En paralelo, a raíz de una problemática que plantearon los empresarios respecto a la impresión del precio en el envase del producto, el Gobierno trabaja en el diseño de una aplicación móvil para que los consumidores puedan verificar en el código de barra el precio correcto de cada producto, y en caso de que no esté o haya valores superiores, puedan denunciarlo a la Secretaría de Comercio.
Mientras tanto, la Secretaría de Comercio instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por «presuntas prácticas anticompetitivas» de empresas de consumo masivo que elevaron precios de productos «por encima de la inflación general» y abusaron así de su posición dominante en el mercado. La resolución ordena investigar a “aquellas empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado”.
El órgano, dependiente de Comercio, deberá remitir un informe de los avances de esta investigación en un plazo máximo de 30 días. La investigación ordenada por el área de Matías Tombolini responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, a cargo de Anastasia Daicich, que indicó que hay empresas de consumo masivo que, “en el transcurso del presente año, han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”.
