El Destape se comunicó con Jonathan Morel, referente del violento grupo antiK Revolución Federal, que confirmó que hubo más pagos a él y sus supuestas socias y que lo contrató directamente una de las hermanas Caputo.
Por Franco Mizrahi
Jonathan Morel, el cofundador del violento grupo antiK Revolución Federal, reconoció en diálogo con El Destape que él, su socia y su ex pareja recibieron pagos millonarios por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente.
Morel no quiso precisar los montos, que según pudo averiguar este medio suman un total de casi 7 millones de pesos. Pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos. Los datos son cada vez más sospechosos: Rossana Pía Caputo declara su domicilio en Recoleta: ¿qué hacía contratando una carpintería en Boulogne?
Rossana Pía Caputo es hermana de Luis y prima de Nicky. Está casada con Luis María Méndez Ezcurra, empresario y socio de su primo «Toto» en Sacha Rupaska SA, empresa denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estado. Méndez Ezcurra es cuñado del hijo del genocida Eduardo Emilio Massera.
Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, Morel junto a su socia Ailen Vallero y su ex Evelyn Balboa recibieron casi 7 millones de pesos por presuntos trabajos realizados por su carpintería Dogo, ubicada en Boulogne. Los pagos provinieron de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, ambos de Caputo Hermanos. En detalle, según consta en el expediente:
El 22 de agosto de 2022 Morel recibió $250.000 de Fideicomiso Santa Clara Al Sur. Fue 10 días antes del atentado contra CFK. Cuatro días antes del pago, el 18 de agosto, Revolución Federal había realizado la marcha de las antorchas a Casa Rosada, manifestación que terminó con incidentes y en la que participó Brenda Uliarte, la joven detenida por el intento de asesinato a CFK. Cuatro días después de este pago, Morel expresaba su deseo de matar a CFK y describía la misma modalidad que pocos días después ejecutaría Fernando Sabag Montiel. Esto derivó una presentación de la AFI en sede judicial.
- Morel recibió transferencias de Fideicomiso Espacio Añelo y Rossana Pia Caputo por $1.503.480. Cuando le transferían retiraba el dinero en efectivo al otro día.
- El 30 de mayo de 2022 Vallero recibió $2.454.480 del Fideicomiso Espacio Añelo. El 2 y 3 de junio retiró $1.900.000 en efectivo.
- El 20 de junio de 2022 Balboa recibió $1.000.000 del Fideicomiso Espacio Añelo. El 4 de julio retiró $840.000 en efectivo y transfirió $70.000 a Morel.
En el expediente ya consta que la mayoría de los pagos los retiraron en efectivo de forma inmediata y que las presuntas socias de Morel se inscribieron como monotributistas entre mayo y junio de 2022 y las facturas por estos montos millonarios fueron la primera del talonario.
Los investigadores analizan si esta fue una de las vías con las que se financió la violenta organización que escracha a dirigentes políticos y expresa públicamente su deseo de matar a CFK. Es por demás extraño: una mega empresa que contrata recientes monotributistas recibe la factura N 1 y les paga casi 7 millones de pesos para una obra en Neuquén, a más de 1.000 kilómetros de distancia, y que los receptores del dinero retiran en efectivo al día siguiente del pago.
Los pagos por casi 7 millones de pesos no constan en el expediente donde se investiga el intento de asesinato de CFK sino en otro donde la pesquisa se limita al violento grupo antiK Revolución Federal y está en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. La jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el magnicidio fallido, no quiso unificarlas. El camarista Mariano Llorens, arquero del equipo que jugaba en fútbol en la quinta de Macri, decidió que sigan por separado.
El Destape se comunicó con Morel, quien reconoció los pagos. Dijo que Ailen Cintia Vallero es su socia y que Evelyn Nataly Balboa era su pareja. Que ambas trabajaban con él en la carpintería y cada uno facturaba y cobraba su parte del trabajo. Dijo no recordar cuando sacó cada una su monotributo ni saber el número de factura que emitieron para este trabajo para Caputo Hermanos. Pero sí recordó que lo contrató Rossana Pia Caputo.
Morel sostiene que Rossana Pia Caputo primero lo contrató para ese trabajo y luego para el emprendimiento en Neuquén a cargo del otro fideicomiso, Espacio Añelo.
Los 2 fideicomisos que hicieron transferencias al líder de Revolución Federal y sus presuntas socias tienen el mismo domicilio: avenida Santa Fe 1385 piso 6. Ambos se dedican a la construcción.
El fideicomiso Espacio Añelo construyó un moderno edificio en Vaca Muerta, Neuquén. Lo publicitaron (con típicas publinotas en medios) como “el primer edificio residencial del país hecho con armazón de acero” con una inversión de más de 12 millones de dólares y pensado para los trabajadores de las empresas que operan en Vaca Muerta. La ejecución del proyecto estuvo a cargo de IDERO, una constructora que cuenta con 3 plantas de producción. En una de las publinotas del proyecto publicaron que “El diseño y puesta en marcha del inmueble se trazó a través del sistema BIM (Modelado Inteligente de Edificios), un software que en 3D, posibilita que todo el proceso de obra asegure la fabricación y construcción correcta en sitio. Las piezas del inmueble se armaron en las tres plantas que posee la constructora.” ¿Cómo se explica que Caputo Hermanos y una constructora de esta magnitud contraten a una pequeña carpintería en Boulogne? ¿Qué explicación tiene que un edificio construido por las últimas técnicas tenga de proveedor una carpintería que la da su factura N 1 y cuyo dueño aprendió el oficio por Youtube, según él mismo reconoció?
El Destape constató que Vallero se inscribió como monotributista en mayo de este año, con la misma actividad que Morel y con el mismo domicilio fiscal: el de la carpintería Dogo, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro. La fecha de inscripción está en el radar de los investigadores: ese mismo mes se crea Revolución Federal y comienza con su secuencia de escraches.
Vallero, quien tiene además un trabajo en relación de dependencia, recibió el 30 de mayo de este año una transferencia del Fideicomiso Añelo, vinculado a Caputo Hermanos por $2.454.480. Un dato que llama la atención de los investigadores es que el pago del Fideicomiso Espacio Añelo fue la factura N° 00000001 de Vallero, que se emitió el 24 de mayo de 2022. Fue su primer trabajo facturado. Nada más y nada menos que casi 2,5 millones de pesos.
En lo que respecta a Evelyn Balboa, también se inscribió como monotributista por la misma fecha: en junio de 2022. Lo hizo como Vallero, con la misma actividad que Morel, pero con otro domicilio de Boulogne.
Tanto Balboa como Vallero tenían empleo en relación de dependencia cuando se inscribieron en el monotributo. Balboa trabaja en la Municipalidad de San Isidro, que gestiona el intendente radical vinculado a Cambiemos, Gustavo Posse.
De acuerdo a la información que llegó a manos de los investigadores, el 30 de junio de 2022, Balboa recibió una transferencia por un millón de pesos proveniente del Fideicomiso Espacio Añelo Al igual que Morel y Vallero, pocos días después, el 4 de julio de 2022 retiró una parte y otra la transfirió a Morel. La factura a la cual correspondería el pago del Fideicomiso, como en el caso de Vallero, es la N° 00000001, por la suma de $1.000.000. Es decir, fue su primera factura.
Este tipo de transferencias son consideradas “sospechosas” por los investigadores y están bajo la lupa. A las claras está que son poco usuales según el historial comercial tanto de Morel como de sus allegadas. Una de las hipótesis que se baraja en el juzgado de Martínez de Giorgi es que las investigadas se inscribieron en el monotributo a los fines de recibir ese dinero y que pudo no estar relacionado a su actividad. El dato que resaltan es que ninguno de los tres registra antecedentes comerciales por esos montos ni en la actividad que declararon.
La investigación
El expediente en que se investigan estos pagos se inició por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y de odio y las amenazas que había en las redes sociales de Revolución Federal. La Policía Federal investigó el tema y se centró tanto en Revolución Federal como en uno de sus cofundadores: Leonardo Sosa. Así se abrió este caso que investigan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita que tiene delegada la causa y avanza con diversas medidas de prueba.
En este caso se analizan diversos actos violentos de esta agrupación: el ataque a golpes de Gastón Guerra, de Nación de Despojados, al auto con el que Sergio Massa ingresaba a la Casa Rosada el día de su asunción en Economía; las consignas “Al kirchnerismo, cárcel o bala” de Revolución Federal en las marchas como la del 18A en la que participó Brenda Uliarte; la detención de Leonardo Sosa con una bomba molotov en las inmediaciones del departamento de CFK el 23 de agosto pasado; y los audios que aportó la AFI de una conversación pública en las redes sociales del 26 de agosto donde Jonathan Morel explicita el plan para matar a CFK que como un calco terminó ejecutando Fernando Sabag Montiel 6 días después.
Ante el avance de la causa del atentado contra CFK, el juez Martínez De Giorgi le consultó a su par Capuchetti si estaba investigando a Revolución Federal como parte de la organización delictiva que intentó el magnicidio. La respuesta fue negativa, pero la jueza le envió el informe de la AFI con la conversación pública de Morel en la que hablaba de asesinar a CFK pero también al presidente Alberto Fernández y a Máximo Kirchner –deseo que también figura en chats de los detenidos y procesados que tiene la causa por el intento de magnicidio-.
En el expediente que comanda la dupla Martínez de Giorgi-Pollicita consta lo que reveló El Destape: que Brenda Uliarte, detenida por planificar y ejecutar el atentado contra Cristina, participó de al menos una marcha de Revolución Federal, la del 18 de agosto pasado que tuvo como blanco la Casa Rosada. Uliarte posteó fotos en Instagram desde las puertas de Casa de Gobierno. Revolución Federal había convocado allí bajo el lema 18A “Van a correr todos”. El evento, al que concurrieron con antorchas, terminó con incidentes sin que interviniera la Policía de la Ciudad.
En uno de sus dictámenes, Pollicita destacó que Uliarte posee “la misma afinidad ideología política y social que detentan los miembros de Revolución Federal y que apoya al movimiento”. Y consideró que los expedientes debían tramitar de manera conjunta: “No podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda ULIARTE, su auxilio, cooperación o financiación”, escribió. Martínez Di Giorgi compartió todos los argumentos del fiscal. Dijo que la denuncia contra Revolución Federal está “estrechamente” vinculada a la investigación por el intento de magnicidio contra CFK, que “era manifiesta e incluso publicitada la voluntad de perseguir y ejecutar actos de violencia en torno a integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación” por parte de este grupo que lideran Moral y Sosa, y que “resulta imprescindible no escindir los hechos” del intento de asesinato y las actividades violentas de Revolución Federal.
Pero Capuchetti rechazó esa postura. El conflicto de competencia se dirimió en la Cámara Federal porteña donde el presidente del tribunal, el camarista Mariano Llorens –el arquero del equipo de jueces y fiscales Liverpool que visitó a Macri en la Quinta de Olivos- consideró que las causas por ahora deben seguir investigándose de forma separada.
