La mira apunta a las empresas bajo la conducción del Estado, que el año pasado recibieron US$7500 millones; si no tuviesen pérdidas, se reduciría drásticamente el déficit argentino, motor a la vez de la inflación y de la suba del dólar
El destino no podría ser más paradójico y circular. En diciembre de 2020, Marcelo Mindlin le vendió Edenor a un grupo liderado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, tres empresarios que estuvieron este año en el acto de asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. El último es el menos conocido de los tres. Hizo su fortuna vendiéndole cloro a Aysa, la compañía de agua que en la gestión del Frente de Todos conduce Malena Galmarini, la mujer del ahora titular de Hacienda.
La aparición de Filiberti en la escena pública tras la compra de Edenor movilizó a Elisa Carrió, que le pidió a su equipo que investigara la relación del empresario con Aysa. Fue el principio de algo más grande. Se sumó al trabajo Fernando Sánchez, que pasó por la Jefatura de Gabinete en la gestión de Mauricio Macri y está familiarizado con la operación de las empresas del Estado, pero tomó la mayor parte de la iniciativa Juan Calandri.
Calandri es abogado, milita en la Coalición Cívica y se encargó de redactar un informe sobre la situación de las compañías públicas en la gestión de Alberto Fernández. Sus conclusiones fueron dramáticas e inspiraron un proyecto de ley que está redactado, pero aún no fue presentado.
El universo de empresas del Estado está compuesto por Aerolíneas Argentinas, Aysa, Energía Argentina, Correo Argentino, Nucleoeléctrica y empresas de trenes, entre muchas otras. En total, son más de 30. Tras las privatizaciones de los 90, volvieron de la mano del kirchnerismo.
Hace aproximadamente un mes, un exfuncionario de Mauricio Macri, hábil para los números y fascinado con la gestión pública, visitó al expresidente en sus oficinas de la avenida Libertador. Había hecho, de manera espontánea, un trabajo sobre las compañías públicas con conclusiones similares al de la Coalición Cívica.
La reacción de Macri fue similar a la de Carrió. El expresidente cree que la evidencia sobre la operación de esas firmas es fuerte y pondrá el trabajo a disposición de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio.
El último informe muestra que los números de las empresas públicas dibujan una especie de “V” si se consideran las series de los últimos tres gobiernos. Un ejemplo: tenían una gran cantidad de empleados en 2015 (Cristina Kirchner), bajaron en 2019 (Macri) y volvieron a subir en la gestión de Alberto Fernández. Las cifras llegan hasta el mes pasado.
Algo similar ocurre con los aportes del Estado para su subsistencia. El año pasado, le costaron al Estado US$7500 millones, que representaron 1,54% del producto bruto, según la cotización del dólar oficial y los números del Banco Mundial. La cifra va en aumento si se lo compara con la gestión anterior.
Ambos trabajos contemplan una alternativa que se discutió en el gobierno de Macri, pero nunca se implementó y luce revitalizada ahora. Será una opción en caso de que Juntos por el Cambio vuelva a la Casa Rosada. Se trata de constituir un holding de empresas públicas, al estilo del mundo privado.
Hoy, las compañías dependen de diversos ministerios. Con los cambios que se analizan, todas quedarían bajo el ala de una sociedad que dependería de la Jefatura de Gabinete y de Economía, por ejemplo, con metas claras de resultados, empleo y objetivos en distintos niveles.
Quizás lo más sorprendente de la discusión ocurrió el miércoles 28 de septiembre en el Congreso. Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, le pidió más precisiones a Massa sobre la situación de las empresas públicas en el marco de la presentación del Presupuesto 2023.
El ministro tuvo una salida inesperada. Le dijo que había leído el informe de la Coalición Cívica -tiene 59 páginas-, sostuvo que era una “gran idea” armar un holding “al estilo italiano” y le aportó algunas sugerencias. Entre ellas, usar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses como “paraguas”. El Gobierno podrá expresar con claridad su opinión cuando López presente el proyecto de ley que ya tiene redactado.
El informe del PRO muestra que en 2015 el Estado puso 1,52% del producto en transferencias a sus empresas, Macri llevó el número a 0,69% en 2019 y Alberto Fernández lo volvió a elevar hasta niveles similares a los de Cristina Kirchner. Los números que maneja el trabajo de la Coalición Cívica muestran la misma tendencia.
Para poner en perspectiva la importancia de las cifras anteriores, alcanza con ver que Massa se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cerrar este año con un rojo de 2,5%. De manera que el esfuerzo que tiene que hacer para cumplir esa meta con recortes a ministerios y provincias sería mucho menos exigente si no tuviera que asistir a las compañías públicas. Es razonable que el ministro haya leído el informe de la Coalición Cívica, entonces.
Algunos casos paradigmáticos explican la situación. La gestión de Macri redujo totalmente el déficit de Aysa por los aumentos en las tarifas del servicio. Es un camino que comenzó a desandarse en la gestión de Alberto Fernández.
En términos porcentuales, ninguna empresa tuvo más incrementos en el dinero que recibe del Estado que la firma de aguas y cloacas. En menor medida, algo similar ocurrió con Energía Argentina, un engranaje clave en los subsidios energéticos.
En la gestión anterior también se habían reducido las transferencias a Fadea, la fábrica de aviones de Córdoba, y al astillero Tandanor, por una mejora en sus planes de negocios. Una herencia positiva del llamado “gobierno de los CEO”.
Tandanor, de hecho, cerró 2019 con ganancias por US$8 millones y una facturación estimada de un millón de dólares por mes.
Si se miran la transferencia a empresas públicas a valores constantes (se descuenta la inflación, con base en 2018), el año pasado el Estado puso allí $227.585 millones, contra los $98.267 millones del último año en poder de Cambiemos. Es casi un 132% más en dos años.
La misma “V” que se nota en las transferencias del Tesoro se repite en el aumento del empleo en las compañías públicas. Si se toma en consideración a Télam, Ieasa-Energía Argentina, el Correo, Sofse, Nasa, Fadea, Fabricaciones Militares, Tandanor, Dioxitek, Educar, la administración de puertos e Intercargo, cayó de 54.846 personas, en 2015, a 46.635, en 2019, y volvió a trepar a 52.841 en septiembre de este año.
El ranking de mejores empleadores en el último tiempo está liderado por Sofse, la empresa que opera los trenes en la Argentina. Desde que llegó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, sumó 2635 empleados. La siguen Correo Argentino y Fabricaciones Militares.
El informe termina con una conclusión. De cara a 2023 -con la expectativa de que ese espacio vuelva a la Casa Rosada- “se recomienda estructurar un holding enfocado en la supervisión estratégica del portafolio y persiguiendo dos objetivos: eficiencia y transparencia”.
El documento de la Coalición Cívica revela otros datos. El año pasado, solo ocho de las 33 empresas públicas analizadas pueden funcionar sin la ayuda del Estado. Las principales sobrevivientes son Nucleoeléctrica Argentina, que administra las centrales atómicas Atucha I, II y Embalse, la Administración General de Puertos, la minera YMAD y la firma de comunicaciones Arsat.
Del otro lado, la lista de firmas que están obligadas a pedirle plata al Tesoro son Energía Argentina, la Operadora Ferroviaria, Aerolíneas Argentinas y Aysa.
El trabajo que vio Carrió se inclina por aplicar un modelo centralizado en el manejo de las empresas públicas. Es decir, similar al que vio Macri.
La fundadora de la CC les dijo a los dirigentes de su partido que está de acuerdo con la propuesta. Se trata de aplicar un modelo que en la región aplican Perú y Chile. Puede ser un ministerio, una agencia o un holding. El último es el que tiene mayor independencia del poder político.
“El modelo centralizado es la tendencia actual, recomendada en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, publicada en el año 2005 y actualizadas en 2015″, insiste el trabajo.
Algunas de sus principales consideraciones ya fueron escritas en un proyecto de ley que se presentará próximamente. Resta saber si el oficialismo acompañará una propuesta de la oposición que, al menos en público, ya tiene el visto bueno de Massa.
LA NACION: Pablo Fernández Blanco
Ricardo Pristupluk – Archivo
